La defensa de sus actividades tradicionales y la conservación de uno de los principales humedales de Colima llevaron a organizaciones ambientalistas y comunidades de la Laguna de Cuyutlán a exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que rechace la tercera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Puerto Nuevo Manzanillo.
Los colectivos advirtieron que la ampliación portuaria no solo representa una amenaza para el equilibrio ecológico de la laguna, sino también para la pesca, la producción de sal y otras actividades económicas de las que dependen las comunidades de la zona.
Entre los riesgos expuestos se encuentra la afectación de un patrimonio histórico y arqueológico con más de mil años de antigüedad, así como el deterioro que, aseguran, ya presenta el humedal. Como ejemplo, señalaron la disminución de camarón en el área de Ventanas y cuestionaron que el proyecto se evalúe mediante distintas manifestaciones de impacto ambiental, sin considerar de manera integral los efectos acumulados de las obras.
Los planteamientos fueron expuestos durante un recorrido realizado el 19 de octubre por funcionarias federales en los vasos I, II y III de la laguna, donde se reunieron con pescadores, salineros, prestadores de servicios turísticos, especialistas y representantes de organizaciones civiles. El acercamiento derivó de las gestiones realizadas por los colectivos en las audiencias públicas sobre la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, celebradas en septiembre en la Ciudad de México.
Las comunidades también rechazaron que se pretenda compensar económicamente a los afectados a cambio de abandonar sus actividades tradicionales. En contraste, propusieron impulsar puertos secos en el interior del país, conectados mediante infraestructura ferroviaria, como una alternativa para el desarrollo logístico sin comprometer los ecosistemas costeros.
Además, cuestionaron la postura atribuida a las representantes de Semarnat, quienes habrían señalado que la dependencia atiende asuntos ambientales y no sociales. Para los colectivos, ambas dimensiones son inseparables cuando están en juego el territorio, las fuentes de empleo y el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano.
Ante este escenario, solicitaron a la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, negar la autorización de la tercera MIA, instalar una mesa de trabajo permanente, investigar presuntos cambios irregulares de uso de suelo y establecer acciones para restaurar la laguna. También exigieron cumplir el Acuerdo de Escazú en materia de información, participación pública y justicia ambiental, e hicieron un llamado a otras comunidades del Pacífico mexicano a sumarse a la defensa de este ecosistema.
