En Colima se impulsa una propuesta legislativa que busca obligar a las autoridades a capacitarse en perspectiva de género y establecer sanciones en caso de incumplimiento, al considerar que la falta de formación institucional ha derivado en fallas en la atención de casos de violencia contra mujeres.
La iniciativa, denominada “Ley Daryela”, propone reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado, con el objetivo de convertir la capacitación en un requisito obligatorio para el desempeño de funciones públicas relacionadas con la atención de este tipo de casos.
El planteamiento incluye medidas como evaluaciones periódicas de conocimiento, capacitación inicial en un plazo máximo de 90 días para nuevos servidores públicos, así como sanciones administrativas para quienes omitan o simulen estos procesos de formación.
También contempla que la permanencia y posibles ascensos dentro del servicio público estén condicionados a la acreditación de conocimientos en perspectiva de género, además de la creación de un padrón de personal certificado y otro de quienes se nieguen a capacitarse sin justificación.
La iniciativa fue presentada por la activista Laura Helena Itzel Jiménez Galván durante el Segundo Parlamento Abierto de Mujeres, donde expuso que la falta de preparación institucional puede derivar en omisiones graves en la atención de denuncias de violencia de género.
Finalmente, sostuvo que el caso que inspira la propuesta evidencia fallas en la respuesta institucional y llamó al Congreso del Estado a retomar la iniciativa para su análisis y eventual discusión legislativa.
