La posible complicación en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) encabeza los principales riesgos económicos identificados por el Gobierno estatal rumbo a 2026, al tratarse de un factor que podría generar incertidumbre jurídica y comercial con impactos directos en el desempeño económico y en las finanzas públicas locales.
El análisis incluido en la Ley de Ingresos advierte que un escenario adverso en el acuerdo comercial afectaría al sector exportador, provocando una menor actividad productiva y una desaceleración económica a nivel nacional, cuyos efectos podrían trasladarse a los ingresos estatales.
A este riesgo se suma la persistente volatilidad en la política comercial internacional, la cual podría alterar las cadenas globales de suministro. Dichas disrupciones tendrían consecuencias en la industria manufacturera y en otros sectores estratégicos vinculados al comercio exterior.
El documento también señala la posibilidad de un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, derivado de nuevas presiones inflacionarias y ajustes en la política económica global. Este entorno podría traducirse en incrementos en las tasas de interés y mayor inestabilidad en los mercados.
Otro elemento considerado es el aumento de las tensiones geopolíticas, que podrían impactar los precios internacionales de las materias primas y detonar episodios de inestabilidad financiera, con repercusiones indirectas en las economías estatales.
Asimismo, se advierte que la mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos representa un riesgo adicional, al poder afectar actividades primarias, procesos manufactureros e infraestructura, además de generar presiones inflacionarias.
Finalmente, el análisis contempla un escenario de menor crecimiento económico en Estados Unidos, lo que impactaría exportaciones, turismo y remesas. Ante este panorama, el Gobierno estatal mantiene un monitoreo permanente del entorno internacional para anticipar efectos en la economía local.
