La detención de Aldrin Miguel Jarquín, alias El Chaparrito, presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación de Colima, ha provocado de nuevo el caos en el Estado. Jarquín fue detenido este domingo en Zapopan (Jalisco) y como respuesta, sus lugartenientes han incendiado traileres y camiones en carreteras de Colima y Cuauhtémoc. La entidad costera de menos de un millón de habitantes se ha convertido en los últimos años en una de las más violentas del país y la reciente batalla de grupos del narco ha provocado escenas más propias de una guerra. Los narcobloqueos suponen un aviso de que, como ha sucedido en otros Estados de México, la violencia del narco continúa pese a algunos intentos del Gobierno de recuperar su poder en la zona.
El Chaparrito era uno de los principales importadores de armas y generadores de la violencia en el Estado de Colima, según reveló la Fiscalía General de la República poco después de su detención. Y uno de los jefes de plaza más cercanos al líder del poderoso Cartel Jalisco (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, por quien la agencia antidrogas de Estados Unidos llegó a aumentar la recompensa a 10 millones de dólares.
El presunto líder del cartel en Colima, que cayó este domingo a dos horas en coche al norte de la tierra que controla, su hermano José de Jesús Jarquín Jarquín, El R32; César Enrique Díaz De León Sauceda, El Lobito, y Fernando Zagal Antón, también presuntos miembros del CJNG, están incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. “Ayudan a coordinar las operaciones de tráfico de drogas del CJNG a través del puerto de Manzanillo y mantienen el contacto con las fuentes de suministro de cocaína en Colombia”, sostiene la acusación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)
La captura se ha producido casi un mes después de que se desatara una violencia insostenible en las calles de los principales municipios del Estado. A principios de febrero, las calles de Colima se convirtieron en un escenario de guerra. Pueblos baleados, barrios que contaban más de 200 casquillos de bala, al menos 10 ejecutados y embolsados, el terror que no daba tregua a cualquier hora del día, durante más de una semana.
Las autoridades, que permanecieron mudas durante días, mientras afuera rugían los balazos, explicaron lo que todos en los pueblos de la entidad con menos habitantes del país —poco más de 730.000— ya sabían: un enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico que hasta hace muy poco eran aliados. La disputa escaló a tal grado que la Universidad de Colima anunció la suspensión de clases presenciales y a ella se sumó el resto de escuelas de todos los niveles. Los comercios llegaron a cerrar, nadie caminaba y sus banquetas se habían convertido en un cementerio sin tumbas ni despedidas. El horror de la narcoviolencia a las puertas de las casas de una entidad costera que hasta hace menos de una década era el orgullo del turismo mexicano y centro de retiro para miles de personas del resto del país.
La gobernadora de Morena, Indira Vizcaíno, que tomó posesión en el cargo en noviembre, emitió esa semana un vídeo a través de sus redes sociales para tratar de calmar a la población. “Hemos primado las acciones a las palabras”, señalaba en el mensaje. Vizcaíno informó de que hay desplegados más de 600 soldados de la Guardia Nacional, 350 del Ejército y otros 350 de la Marina, que se suman a los 675 de la policía estatal y más de mil de las policías municipales. Pese a este nivel de despliegue, los tiroteos entre los grupos del crimen organizado continuaron. Y sobre todo, la capacidad impune de los miembros del narcotráfico para pasearse con armas propias del Ejército y desatar el terror y la muerte, sin que una sola autoridad de las mencionadas se lo impida. El narco ha demostrado en Colima, como en muchos otros puntos del país, que supone un poder de facto dentro del Estado.
A medidados de febrero, el Gobierno federal anunció un despliegue de fuerzas federales —Ejército y Guardia Nacional— en la zona. Más de 2.000 soldados y marinos para resguardar unos municipios que se habían convertido en una tierra sin ley. La presencia federal proporcionó una tregua de días que le permitió a algunos pueblos retomar su actividad normal. Pero la captura de El Chaparrito ha roto la paz otra vez.
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