Colima, Col.- Este domingo se cumplirá el primer semestre, de doce, de la actual administración estatal que preside Indira Vizcaíno Silva.
Un gobierno que inició con una herencia económica difícil, con adeudos a trabajadores, proveedores, al SAT, al IMSS y al Instituto de Pensiones del Estado, entre muchos otros; con graves problemas de inseguridad, más de 300 asesinatos y 388 personas reportadas como desaparecidas y una carga de feminicidios; con carencias en materia de salud, con severos problemas en el campo, con una pandemia de Covid-19 incontrolada y no “domada”, y con un Gobierno Ausente, literal y materialmente, que se ha desentendido de la realidad que se vive en Colima.
Un gobierno que, como el de su mentor Andrés Manuel López Obrador, minimiza la problemática existente en el Estado y prefiere voltear y seguir culpando a administraciones pasadas de la situación actual del Estado, pero sin asumir la responsabilidad que le corresponde desde el pasado 1 de noviembre de 2021.
Para calificar de manera objetiva a un gobernante hay que tomar en consideración cuatro variables: compromisos de campaña y su cumplimiento; avances en las líneas genéricas del Plan de Desarrollo; comparativos con anteriores administraciones, así como la percepción ciudadana del desempeño gubernamental.
Si bien en el compromiso de campaña y su cumplimiento es prematuro hacer juicios prematuros, la mandataria ha optado por ser indolente y, hasta cierto punto, frívola, pretendiendo manejar a larga distancia a la administración (vía internet y a través de mensajes de las redes sociales) y con ausencias reiteradas y constantes del Estado, lo que le ha costado la crítica razonada de diputados de oposición y de la propia población a través de las propias redes que ella utiliza para difundir el actuar de su administración.
En materia de seguridad, la mandataria ha dejado mucho que desear, pues en el sexenio del gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, el cual concluyó el 31 de octubre de 2021, fueron asesinadas 3 mil 538 personas (muchas de ellas en su momento catalogadas como victimas colaterales), en los primeros seis meses de gobierno de Indira Vizcaíno Silva, las cifras oficiales documentan más de 300 personas asesinadas.
El gobierno de Colima presume la disminución en el número de homicidios, cuando la realidad es otra. Lo cierto es que se suma a ello el hallazgo escalofriante 388 personas denunciadas como desaparecidas, 41 fosas clandestinas y se han rescatado 44 cadáveres y restos óseos de estas.
La percepción en el colectivo, de la ciudadanía, se impone: una población temerosa de la inseguridad que ha generado una ola de violencia en el Estado y una opacidad del Gobierno del Estado para atender la problemática, dejando la responsabilidad en una Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y Tranquilidad en el Estado, cuya responsabilidad recae en la estructura castrence nacional y con el beneplácito de la mandataria que le quitan una responsabilidad y un peso de encima.
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