El Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol) podría enfrentar dificultades para pagar las jubilaciones de sus pensionados si continúan los adeudos del Gobierno estatal, advirtió Martín Flores Castañeda, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE).
El dirigente sindical señaló que la deuda acumulada del Gobierno estatal y el Poder Judicial con el organismo asciende a 2 mil 32 millones 948 mil 632 pesos, incluidos compromisos históricos. De ese monto, 743 millones 172 mil 206 pesos corresponden a aportaciones pendientes de la administración de Indira Vizcaíno Silva, generadas durante 2022, 2023 y 2026.
Otros 520 millones de pesos corresponden a obligaciones de la administración del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, mientras que alrededor de 101 millones se atribuyen al Poder Judicial. A ello se suma una deuda histórica cercana a los 669 millones de pesos, cuyo pago se realiza mediante un fideicomiso.
Flores Castañeda afirmó que, aunque el Gobierno estatal cubrió las aportaciones de 2024 y 2025 y ha realizado abonos al adeudo histórico, durante 2026 volvió a acumular retrasos. Precisó que permanecen pendientes los pagos de febrero a septiembre, lo que, advirtió, compromete la estabilidad financiera del sistema y las jubilaciones presentes y futuras de aproximadamente 15 mil servidores públicos en activo.
“En breve no habrá para pagar jubilaciones a los que ya están en la nómina del Ipecol”, alertó el líder sindical, quien cuestionó que las aportaciones ordinarias sigan acumulando adeudos pese a los acuerdos firmados con la gobernadora en noviembre de 2023.
Ante este escenario, anunció que el sindicato reactivará un plan de lucha que contempla reuniones con autoridades estatales, gestiones ante el Congreso local y solicitudes de intervención del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig). También exigirán al director del Ipecol, Hugo Alejandro Vázquez Montes, que ejerza sus facultades legales para cobrar los recursos pendientes.
Como primera exigencia, el STSGE busca que el Gobierno estatal pague al menos cinco mensualidades de las aportaciones atrasadas de este año, cuyo monto supera los 100 millones de pesos. Flores Castañeda advirtió que, si antes de noviembre no se concreta un abono sustancial, los trabajadores podrían manifestarse durante el quinto informe de gobierno de Indira Vizcaíno, sin descartar otras medidas de presión, aunque precisó que un paro laboral sería el último recurso.
