Hasta cuatro reportes diarios de fraude se registraron en Colima durante los primeros seis meses de 2026, con un total de 698 denuncias entre enero y junio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los datos forman parte del Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que da seguimiento a los delitos que afectan a la población y al sector empresarial.
El registro estatal ocurre en un contexto nacional donde la extorsión mantiene una tendencia preocupante. Entre enero y junio fueron contabilizadas 6 mil 562 víctimas en el país, 9.17 por ciento más que en el mismo periodo de 2025 y la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años.
Coparmex advierte que el problema podría ser mucho mayor de lo que reflejan las estadísticas. Con información del INEGI, el organismo señala que 97 por ciento de las extorsiones no se denuncian, por lo que la incidencia registrada representa apenas una parte del fenómeno.
Las modalidades también han cambiado. Siete de cada 10 extorsiones registradas durante el semestre fueron cometidas a distancia, mediante llamadas telefónicas, internet o redes sociales; dos de cada 10 ocurrieron de manera presencial y el resto correspondió a tentativas.
En Colima, las 698 denuncias por fraude reflejan parte de esta problemática de delitos patrimoniales que pueden cometerse sin contacto directo con las víctimas, particularmente mediante herramientas digitales y llamadas telefónicas.
A nivel nacional, 19 entidades reportaron incrementos en las víctimas de extorsión respecto al año anterior y 12 alcanzaron su cifra más alta para un primer semestre dentro del periodo analizado.
La extorsión fue, además, el único de los delitos revisados por Coparmex que registró un aumento nacional durante el semestre. En contraste, disminuyeron los casos de homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo a negocio, robo a transportista y robo de vehículo.
Ante este escenario, Coparmex pidió fortalecer las capacidades institucionales para prevenir e investigar la extorsión, así como garantizar la aplicación efectiva de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
