Una iniciativa para modificar las reglas sobre viajes de menores fue presentada en el Congreso de Colima por diputadas del Partido del Trabajo, con el objetivo de evitar que la falta de autorización de uno de los progenitores limite decisiones de quienes ejercen la guarda y custodia.
La propuesta, conocida como “Ley Cazzu”, plantea reformas al Código Civil estatal para permitir que madres o padres puedan trasladarse con sus hijas e hijos sin depender del consentimiento del otro tutor, principalmente en casos donde exista abandono o incumplimiento de responsabilidades.
El planteamiento toma como referencia un caso mediático de 2025 vinculado con la cantante Julieta Cazzuchelli, y busca atender situaciones en las que la falta de autorización se convierte en un obstáculo para viajes, trámites o actividades de niñas, niños y adolescentes.
Actualmente, la normativa exige el aval de ambos progenitores para la salida del país de menores, mediante el Formato SAM del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, las legisladoras consideran que este requisito no responde a contextos donde uno de los padres no participa en la crianza.
Entre los puntos centrales, la iniciativa propone que, en casos comprobados, se pueda suspender de forma temporal la patria potestad del progenitor ausente, evitando que interfiera en decisiones relacionadas con los menores.
Para ello, se contemplan criterios como estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos o haber incurrido en abandono por más de 90 días, siempre mediante resolución judicial.
Las promoventes señalaron que la propuesta incorpora perspectiva de género y de infancia, al reconocer que una parte importante de los hogares en México y en Colima son encabezados por mujeres, quienes asumen la mayor carga de cuidados.
Asimismo, sostuvieron que el interés superior de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer, por lo que su desarrollo y acceso a oportunidades no debería depender de la voluntad de un progenitor ausente.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis en el Congreso local, donde se evaluará su viabilidad jurídica y sus posibles implicaciones en la protección de derechos de la niñez.
