Un total de 736 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar se registraron en Colima entre enero y noviembre de 2025, la cifra más alta reportada en al menos los últimos cuatro años, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El registro supera los niveles observados en años previos y confirma una tendencia al alza que comenzó en 2022, cuando los reportes por este delito empezaron a incrementarse de forma sostenida en la entidad, sin lograr descensos significativos en los periodos posteriores.
La información mensual muestra que el fenómeno no fue uniforme a lo largo del año. A partir de mediados de 2025, el número de denuncias creció de manera constante, con un punto de mayor concentración durante el segundo semestre, lo que reflejó una presión progresiva sobre el sistema de justicia familiar.
Aunque los primeros meses del año presentaron cifras relativamente más bajas, estas se mantuvieron por encima de los registros de hace cuatro años, lo que refuerza la idea de que el problema se ha convertido en una constante más que en un repunte temporal.
Registros históricos indican que 2023 y 2024 ya habían mostrado niveles elevados, con meses de alta incidencia, lo que anticipaba el escenario que terminó por consolidarse en 2025.
Especialistas advierten que el incremento de denuncias también puede estar asociado a una mayor decisión de las personas afectadas de acudir a instancias legales, ante el incumplimiento reiterado de resoluciones judiciales.
No obstante, señalan que la persistencia de estas cifras evidencia limitaciones en los mecanismos de prevención y cumplimiento, con impactos directos en niñas, niños y personas dependientes, quienes siguen siendo los principales afectados.
