La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió un nuevo frente de análisis constitucional al admitir un recurso contra disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Colima, normativa que redefinió recientemente la estructura y funcionamiento del sistema judicial en la entidad.
En el segundo plano del debate aparece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que promovió la acción legal al solicitar que dos artículos de la ley sean invalidados, al sostener que su contenido rompe con el modelo democrático de la reforma judicial federal y genera criterios de exclusión dentro de la carrera jurisdiccional.
El asunto se concentra en reglas que inciden directamente en la organización interna del Tribunal Superior de Justicia del estado. Una de ellas permite que la presidencia del órgano sea determinada mediante acuerdos entre sus integrantes, con periodos breves y posibilidad de continuidad inmediata, mecanismo que, según el planteamiento presentado ante la Corte, se aleja del principio de legitimación ciudadana.
Otro de los puntos bajo escrutinio es la obligación de separación del cargo para magistradas, magistrados, juezas y jueces al alcanzar los 70 años de edad, disposición que no está prevista de manera expresa en la Constitución y que podría interferir con la duración de los encargos otorgados mediante elección popular.
En su argumentación, el organismo señala que el nuevo modelo judicial establece que los cargos y sus periodos emanan directamente del voto ciudadano, por lo que imponer límites adicionales desde la legislación local puede afectar la certeza jurídica y la igualdad entre personas juzgadoras.
La impugnación fue presentada por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y se dirige contra artículos específicos del decreto publicado a finales de septiembre, cuya validez ahora deberá ser evaluada por el máximo tribunal del país.
El fallo que emita la Suprema Corte no sólo tendrá efectos en Colima, sino que podría marcar criterios para otros estados que avanzan en la adecuación de sus leyes judiciales tras la reforma constitucional de 2024.
