La Fiscalía de Michoacán confirmó que el vehículo cargado con explosivos que estalló en Coahuayana no se originó en el estado, sino que ingresó desde Colima antes de llegar a la comandancia de la policía comunitaria donde ocurrió el ataque. Ese dato se convirtió en el punto clave de la investigación tras el estallido que causó cinco muertes y siete heridos.
El caso también atrajo la intervención federal. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta por delincuencia organizada y envió equipos especializados en explosivos, genética, criminalística y balística para profundizar en el origen de la carga explosiva y la identidad de quienes participaron en el traslado desde Colima.
El seguimiento de cámaras permitió reconstruir el trayecto del automotor, lo que llevó a las autoridades a considerar movimientos previos en territorio colimense como una línea prioritaria para esclarecer el caso. La Fiscalía no descarta que el conductor —aún no identificado y presuntamente entre las víctimas— haya sido quien operó el traslado del vehículo hasta Michoacán.
La explosión causó destrozos severos en el perímetro urbano: doce vehículos terminaron dañados y varios comercios ubicados alrededor de la comandancia presentaron afectaciones estructurales. Los primeros cálculos técnicos estiman un radio de impacto de hasta 300 metros, además de un alcance vertical considerable.
Mientras los peritos estatales levantan evidencia y analizan restos del material explosivo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos acompañan a familiares y sobrevivientes. Las autoridades ya entregaron los cuerpos de los policías comunitarios fallecidos, aunque dos más continúan sin ser reclamados.
El gobierno estatal sostuvo que la investigación avanzará en coordinación con Marina, Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de determinar cómo y por qué el vehículo cruzó la frontera entre los estados antes de detonar en Michoacán.
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