La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Colima continúa sin ejecutarse con rigor, pese a ser un mecanismo legal diseñado para proteger a mujeres y niñas en contextos de riesgo extremo. La falta de cumplimiento, señaló la Dra. Nikola Vargová, mantiene una brecha entre lo que establece la ley y lo que realmente ocurre en fiscalías, corporaciones de seguridad y sistemas de atención a víctimas.
La investigadora advirtió que la alerta opera sin resultados visibles, al persistir procesos lentos, investigaciones incompletas y fallas operativas que permiten que los expedientes permanezcan estancados o archivados sin avance. Esta omisión institucional, dijo, se traduce en más impunidad, más violencia y mayor revictimización.
Fue durante la conmemoración del noveno aniversario de la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres donde la especialista expuso este diagnóstico. Su conferencia, titulada “Fiscalía General del Estado y Seguridad Pública”, cuestionó de forma directa el trabajo gubernamental y la ausencia de políticas efectivas para garantizar justicia.
Uno de los señalamientos centrales fue la falta de aplicación plena del marco jurídico que sustenta la AVGM, el cual obliga al Estado a adoptar medidas urgentes y específicas para salvaguardar la vida e integridad de mujeres y niñas. Vargová recordó que estándares como los de la Corte Interamericana exigen investigaciones sin obstáculos materiales o humanos, algo que en Colima todavía no es una garantía.
La ponente detalló que, mientras los feminicidios, violaciones, desapariciones y homicidios dolosos siguen en aumento, la Fiscalía carece de herramientas y procesos eficaces para responder. Enumeró carencias básicas: personal insuficiente, equipos descompuestos, falta de copias y deficiencias periciales que impiden construir casos sólidos que deriven en sentencias condenatorias.
Otro punto crítico fue la forma en que se reportan cifras oficiales. Indicó que se presentan vinculaciones a proceso como logros institucionales, pero no se transparenta cuántas terminan en condena ni cuántas víctimas son realmente reparadas. Además, cuestionó la clasificación de personas “localizadas” sin precisar si fueron halladas con vida o sin ella.
El panorama se agrava en municipios como Comala, Manzanillo y Armería, donde los centros de atención para mujeres funcionan con pocos recursos y sin personal especializado. Vargová señaló que incluso las órdenes de protección, que podrían tramitarse directamente ante el Ministerio Público, suelen omitirse o no recibir seguimiento.
Para la especialista, cualquier política pública será insuficiente si no se atiende primero la raíz: la impunidad. Recordó que prevenir no es revictimizar ni responsabilizar a las afectadas, sino garantizar que las instituciones cumplan con la ley y que la AVGM deje de ser un instrumento formal y se convierta en una herramienta real de protección y justicia.
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