El Congreso de Colima resolvió prohibir durante 12 años el acceso a cargos públicos a nivel estatal y municipal al exsecretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, al concluir que existen elementos suficientes para sancionarlo administrativamente por el presunto desvío de 70 millones de pesos durante su paso por la administración pasada.
La resolución se alcanzó en sesión del pleno con el apoyo de los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM, mientras que las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano optaron por abstenerse. El acuerdo tiene su origen en dos procedimientos acumulados de juicio político analizados por la Comisión de Responsabilidades.
El señalamiento contra el exfuncionario fue formulado inicialmente en 2023, cuando se le acusó de desviar recursos del Instituto Estatal de Pensiones mientras ocupaba la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez. La revisión del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental determinó que en noviembre de 2020 se realizaron 40 transferencias bancarias que impactaron a 17 dependencias del estado.
A partir de esa auditoría, la Fiscalía Anticorrupción abrió un proceso penal por posible malversación de recursos públicos. Aunque en septiembre de 2024 una jueza otorgó al exfuncionario la suspensión temporal del juicio, su intento por reincorporarse como legislador local fue rechazado por el Congreso, luego de que él mismo había solicitado licencia para enfrentar el caso.
Al tratarse de una sanción de carácter administrativo, el Congreso remitió el expediente al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que valore si existen responsabilidades adicionales en materia penal o económica.
Con esta determinación, el Legislativo concluye su intervención en el proceso y deja la continuidad del caso en manos de las instancias judiciales correspondientes para definir las consecuencias legales que puedan derivarse.
