El sector empresarial del país cerró su encuentro nacional con un posicionamiento firme contra la extorsión, al advertir que este delito se había convertido en uno de los principales riesgos para la operación de negocios, la estabilidad de las familias y el desarrollo económico de diversas regiones.
Durante el pronunciamiento, la dirigencia de Coparmex sostuvo que la inseguridad afectaba tanto a empresas consolidadas como a pequeños comercios, por lo que insistió en la urgencia de fortalecer la respuesta institucional, mejorar los mecanismos de denuncia y garantizar la protección a quienes han sido víctimas.
La declaración se presentó al concluir los trabajos del encuentro, donde las representaciones estatales del organismo coincidieron en que la delincuencia vinculada a la extorsión había alcanzado a sectores que antes no figuraban entre las principales víctimas, lo que evidenciaba una expansión del problema a zonas urbanas y municipios más pequeños.
En el caso de Colima, los empresarios destacaron que los intentos de cobro ilegal habían incrementado de manera notoria en los últimos meses. Este comportamiento, aseguraron, se reflejó en las constantes quejas de comerciantes locales y de emprendedores que enfrentaban presiones económicas adicionales para poder mantener sus operaciones.
La sede estatal de Coparmex subrayó que el reclamo nacional era un reflejo de lo que se vivía en entidades como Colima, donde el impacto de la inseguridad alcanzaba directamente la apertura de nuevos negocios y frenaba proyectos de inversión. Por ello, respaldaron de manera plena el posicionamiento emitido a nivel nacional.
El organismo reiteró que la seguridad debía colocarse como prioridad en la agenda pública y advirtió que sin acciones coordinadas y de largo plazo, la actividad productiva seguiría enfrentando riesgos que afectaban la competitividad del país y la calidad de vida de las comunidades.
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