En Colima, la violencia genera un impacto económico per cápita estimado en casi 90 mil pesos, más de seis veces superior al gasto estatal destinado a su prevención y contención. Esto evidencia que los recursos públicos son insuficientes frente a la magnitud del problema.
El estado mantiene la tasa de homicidios más alta del país, con 101 casos por cada 100 mil habitantes en 2024, y se mantiene como la entidad menos pacífica desde 2022. La violencia representa más del 40% del Producto Interno Bruto estatal, un costo que supera ampliamente cualquier inversión en seguridad.
Los habitantes sienten día a día la falta de seguridad. Vecinos de Tecomán y otras localidades aseguran que la tranquilidad se ha perdido: “donde quiera está perdido… ¿y qué hacemos?, pues aguantar”, señaló un residente, reflejando la preocupación generalizada de la población.
La desproporción entre el daño económico y los recursos asignados a la seguridad es evidente. Mientras los costos de la violencia son altísimos, el gasto estatal en prevención y contención es mínimo, dejando a la sociedad desprotegida.
Desde 2015, los delitos violentos y los homicidios han crecido más de 250%. Además, incidentes recientes como incendios frecuentes en colonias como El Yaqui y Rancho Blanco aumentan la sensación de inseguridad entre los ciudadanos.
Con esta brecha entre costo y gasto público, Colima se consolida como el estado con mayor retroceso en términos de paz y seguridad en el país, mientras la ciudadanía enfrenta las consecuencias de esta crisis día a día.
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