En septiembre, Colima comenzará a expedir la CURP Biométrica, un documento que pretende sustituir a la credencial del INE como identificación oficial. Aunque el gobierno estatal presenta la medida como un avance tecnológico, especialistas advierten riesgos en el manejo de datos personales y en la seguridad del sistema.
El arranque será limitado: solo cinco equipos estarán disponibles para los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Manzanillo y Cuauhtémoc. El resto de las localidades deberá esperar hasta noviembre para contar con los dispositivos, lo que revela un despliegue desigual y con recursos mínimos en su fase inicial.
Los equipos incluyen lectores biométricos, cámaras, escáneres y sistemas para firmas electrónicas. No obstante, la administración estatal no ha explicado qué mecanismos se implementarán para resguardar la información sensible de los ciudadanos, ni qué dependencia será responsable de garantizar su protección frente a posibles filtraciones o usos indebidos.
La directora del Registro Civil, Brenda Gutiérrez, aseguró que la CURP Biométrica podrá tramitarse desde el momento del nacimiento, lo que implicará registrar huellas y datos biométricos desde la infancia. Sin un marco legal sólido en materia de resguardo digital, esta práctica abre cuestionamientos sobre la vulneración de derechos de identidad y privacidad.
Además de la incertidumbre sobre la seguridad informática, el reemplazo de la credencial del INE como documento oficial genera debate, ya que esta última no solo cumple funciones de identidad, sino también de control electoral, lo que no está claramente definido en el nuevo esquema.
Aunque el proyecto se presenta como un paso hacia la modernización, la ausencia de información sobre costos, protocolos de protección de datos y posibles usos políticos de la base biométrica alimenta la desconfianza ciudadana y pone en duda que Colima esté listo para una transformación de tal magnitud.
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