Sin requerir avalúos independientes y con base en criterios propios, el Gobierno de Colima podrá embargar y subastar bienes de contribuyentes con deudas fiscales, luego de que el Congreso local aprobara una polémica reforma impulsada por la gobernadora Indira Vizcaíno.
Durante la sesión de este miércoles, la mayoría legislativa conformada por Morena y sus aliados avaló los cambios al Código Fiscal del Estado que otorgan a la administración estatal mayores facultades en la ejecución de cobros, incluyendo la posibilidad de rematar los bienes asegurados al 60% de su valor comercial, según avalúos elaborados por el propio gobierno.
Además del descuento en el precio de remate, los ciudadanos con adeudos fiscales deberán asumir los costos derivados del embargo, como gastos de conservación, ejecución y mantenimiento, montos que también quedarán bajo la determinación de la autoridad estatal.
Aunque el decreto es presentado como parte de una armonización con el Código Fiscal de la Federación, y se menciona la intención de dar claridad jurídica y mayor eficiencia al proceso de cobro, organizaciones ciudadanas y algunos diputados de oposición advierten riesgos en la concentración de atribuciones sin contrapesos técnicos ni mecanismos externos de supervisión.
La reforma fue aprobada con 18 votos a favor y 5 en contra. Entre los argumentos a favor se mencionó que los cambios buscan mejorar la transparencia del proceso de remate y garantizar los derechos de las personas involucradas. No obstante, críticos señalan que el hecho de que el Estado sea juez, parte y tasador podría derivar en abusos o discrecionalidad.
Con esta reforma, cualquier contribuyente con adeudos al fisco estatal podría ver sus bienes rematados en condiciones poco favorables y sin la intervención de peritos externos, lo que ha generado preocupación por las implicaciones sociales y económicas de su aplicación.
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