Luego de la aprobación unánime de los informes de cuenta pública del ejercicio fiscal 2023 por parte del Congreso del Estado de Colima, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) deberá iniciar la etapa de deslinde de responsabilidades. Esta fase será clave para determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos por parte de diversas instituciones estatales y municipales.
Con esta decisión, el Poder Legislativo remite formalmente al OSAFIG los resultados de la revisión, lo que permitirá continuar con los procesos de investigación correspondientes. Aunque el Congreso declara concluida la fase de análisis legislativo, el procedimiento legal sigue su curso con la atención de observaciones, recomendaciones y posibles acciones promovidas por el órgano fiscalizador.
Los dictámenes aprobados cubren la revisión de los tres poderes del estado, los diez municipios de Colima, los organismos operadores de agua potable, los sistemas DIF, los Institutos Municipales de la Mujer, así como otros entes autónomos como el IEE, INFOCOL, la CDHEC y tribunales estatales. En total, se avalaron 44 informes elaborados por el OSAFIG y dictaminados por la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública del Congreso.
Durante la sesión, la diputada Hilda Moreno Ceballos, presidenta de dicha comisión, explicó que la fiscalización de los recursos públicos consta de tres etapas: inspección, calificación y responsabilidad administrativa. Recalcó que al Congreso solo le corresponde concluir el proceso de revisión, mientras que la fase de deslinde recae enteramente en el órgano auditor.
Esta próxima etapa es fundamental para garantizar que quienes manejan recursos públicos en Colima lo hagan con transparencia y conforme a la ley. En caso de detectar posibles faltas administrativas o malversación, el OSAFIG deberá actuar conforme a su mandato legal para sancionar a los responsables.
El seguimiento de este proceso marcará la pauta en materia de rendición de cuentas en la entidad, fortaleciendo el control sobre el ejercicio del erario público y la confianza ciudadana en las instituciones fiscalizadoras.
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