El gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva analiza medidas comerciales y legales tras la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos.
La administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva analiza distintas alternativas amparadas en la ley de reciprocidad, luego de que Washington informara la aplicación de un arancel del 25 % a diversas exportaciones del país sudamericano.
Entre las medidas que se encuentran en evaluación figuran restricciones relacionadas con el sector audiovisual, así como la suspensión de la protección de patentes farmacéuticas y de semillas agrícolas.
Autoridades brasileñas consideran que estas acciones tendrían un menor impacto en las cadenas de suministro nacionales y reducirían el riesgo de presiones sobre los precios internos, en comparación con la imposición de nuevos aranceles a productos estadounidenses.
Funcionarios consultados señalaron que el alcance de la respuesta dependerá de la decisión que adopte el presidente Lula.
Al mismo tiempo, Estados Unidos advirtió que podría revisar sus políticas comerciales si Brasil implementa represalias.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo que los aranceles responden a prácticas comerciales que, a juicio de Washington, limitan el acceso de empresas y productores estadounidenses al mercado brasileño. También indicó que su gobierno mantiene abiertas las negociaciones para alcanzar acuerdos que permitan modificar esa situación.
Por su parte, el gobierno brasileño rechazó la decisión y afirmó que no reconoce la validez de las investigaciones realizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos al considerar que carecen de sustento en las reglas multilaterales de comercio.
Además, recordó que las estadísticas oficiales estadounidenses reflejan un superávit acumulado de 424 mil 500 millones de dólares en bienes y servicios a favor de Estados Unidos durante los últimos 15 años.
Brasil también anunció que reactivará el procedimiento iniciado ante la Organización Mundial del Comercio sobre los aranceles aplicados a las transmisiones electrónicas, acción que permitiría solicitar la integración de un panel para la solución de controversias y, en caso de obtener un fallo favorable, fortalecer la base jurídica para aplicar medidas de respuesta dentro del marco del comercio internacional.
