Con el aval a las cuentas públicas de 34 entes, el Congreso del Estado de Colima dio por concluida la fase técnica de fiscalización del ejercicio 2024, aunque dejó claro que la aprobación no implica la liberación de posibles irregularidades en el manejo de recursos.
Los informes, elaborados por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, abarcan desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta los 10 ayuntamientos, organismos operadores de agua, sistemas DIF y diversas instituciones autónomas que ejercieron presupuesto público durante ese año.
En el paquete también se incluyeron auditorías específicas a la gestión financiera de los municipios de Manzanillo y Villa de Álvarez, lo que amplía el alcance de la revisión en dos de las demarcaciones con mayor actividad económica del estado.
Durante la discusión en el pleno, diputados de distintas bancadas subrayaron que el proceso no concluye con esta votación, ya que aún quedan pendientes etapas clave como la solventación de observaciones y la posible determinación de responsabilidades.
El posicionamiento refleja que, aunque se cerró la revisión documental, persisten señalamientos que deberán ser atendidos por los entes fiscalizados, en un proceso que podría derivar en sanciones administrativas o legales.
Tras la aprobación, los resultados serán remitidos nuevamente al Osafig, instancia que continuará con el seguimiento de observaciones y la integración de expedientes en los casos donde se detecten inconsistencias en el uso de recursos públicos.
Este paso marca el cierre de una etapa legislativa, pero mantiene abierta la fase de fiscalización sustantiva, en la que se definirá si existen irregularidades que ameriten acciones contra servidores públicos o instituciones involucradas.
