Una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado de Colima propone modificar la legislación estatal para incorporar nuevos derechos sociales y alinearlos con las disposiciones federales en materia de bienestar.
El proyecto busca reformar la Constitución Política del Estado de Colima para garantizar tres aspectos centrales: el acceso a vivienda digna, la rehabilitación integral para personas con discapacidad permanente —con énfasis en menores de edad— y una pensión no contributiva dirigida a este grupo poblacional menor de 65 años, en coordinación con la Federación.
Los promoventes señalaron que actualmente el estado ya participa en esquemas de apoyo económico para personas con discapacidad, destinando recursos propios que para el ejercicio fiscal 2026 superan los 37 millones de pesos.
Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que cerca de 39 mil 880 habitantes de la entidad viven con alguna discapacidad, equivalente al 5.5 por ciento de la población, con mayor incidencia en el municipio de Coquimatlán.
Respecto al derecho a la vivienda, la propuesta incorpora parámetros internacionales impulsados por ONU-Hábitat, que incluyen acceso a servicios, habitabilidad, seguridad jurídica y accesibilidad para personas con discapacidad, entre otros elementos.
La iniciativa establece que, de aprobarse, el Poder Legislativo contará con un plazo de 180 días hábiles para armonizar la legislación secundaria, con el propósito de consolidar un sistema estatal de bienestar con mayor certeza jurídica y continuidad institucional.
