El proceso penal abierto contra el ex tesorero del Ayuntamiento de Manzanillo, Eduardo Camarena Berra, tiene su origen —según su propia versión— en una inconsistencia administrativa relacionada con una licencia comercial, y no en la comisión de delitos, como se ha difundido públicamente en los últimos días.
El exfuncionario aseguró que el señalamiento deriva de la autorización otorgada a una empresa dedicada a la comercialización de gas, un giro que, explicó, fue confundido en el debate público con la venta de gasolina, lo que ha generado interpretaciones erróneas sobre la naturaleza del caso.
Detalló que, durante las administraciones municipales anteriores, se adoptó un sistema digital para la expedición de licencias con el propósito de agilizar trámites y reducir prácticas discrecionales, esquema que —dijo— sigue vigente en el actual gobierno local. Bajo este modelo, las responsabilidades se distribuyeron entre distintas áreas, sin intervención directa del titular de la Tesorería en la validación técnica de los giros.
En ese contexto, Camarena sostuvo que la revisión de requisitos específicos para giros considerados especiales no recaía en su oficina, por lo que cualquier omisión correspondería a las instancias encargadas de la verificación y supervisión previa a la emisión del permiso.
El ex tesorero también rechazó tener relación con la empresa involucrada y negó de manera tajante los señalamientos que lo vinculan con presuntas actividades ilegales, al considerar que dichas acusaciones carecen de sustento jurídico y responden a información imprecisa.
Añadió que, aun con una licencia municipal, la operación de empresas gaseras está sujeta a autorizaciones y controles federales, lo que —a su juicio— debe ser considerado dentro del análisis del caso por parte de las autoridades investigadoras.
Finalmente, Camarena Berra afirmó que hará frente al proceso penal por las vías legales correspondientes y confió en que las instancias judiciales determinen responsabilidades conforme a derecho, al tiempo que descartó que exista algún beneficio indebido derivado de su gestión en la Tesorería municipal.
