Colima contará con un nuevo mecanismo para vincular el cumplimiento fiscal con acciones ambientales, luego de que el gobierno estatal estableciera las reglas para otorgar el Sello de Bajo Carbono, una certificación dirigida a quienes reduzcan o compensen sus emisiones de gases de efecto invernadero dentro del territorio estatal.
El esquema está enfocado en empresas, industrias, comercios y prestadores de servicios, así como en organismos públicos o privados que, por el desarrollo de sus actividades, generen emisiones contaminantes. La medida se articula con los impuestos ecológicos vigentes en la entidad, particularmente con el gravamen aplicado a la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero.
De acuerdo con el acuerdo publicado en el Periódico Oficial, el distintivo podrá obtenerse bajo dos modalidades. Una de ellas reconoce la reducción directa de emisiones, siempre que se acredite una disminución mínima del 20 por ciento respecto al año anterior. La otra opción contempla la compensación, mediante la compra de certificados derivados de proyectos ambientales registrados y validados a nivel estatal.
Las solicitudes deberán presentarse ante el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, junto con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos. El plazo límite para ingresar los expedientes será el último día de febrero de cada año, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.
Una vez recibidas las solicitudes, el Instituto contará con hasta 30 días hábiles para evaluar la información y determinar si procede la certificación. El acuerdo establece criterios claros para la validación de datos, así como lineamientos para el seguimiento y la verificación de los compromisos asumidos por los solicitantes.
Entre los beneficios contemplados se incluyen estímulos fiscales. Quienes accedan al sello por reducción directa podrán obtener una disminución en la base gravable, mientras que los esquemas de compensación permitirán deducciones más amplias, conforme a lo previsto en la Ley de Hacienda del estado.
El instrumento fue emitido de manera conjunta por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad y el IMADES, y permanecerá vigente hasta que se emita una nueva disposición que lo sustituya. Con ello, el gobierno estatal busca consolidar una política pública que incentive la mitigación del cambio climático a través de mecanismos verificables y de carácter fiscal.
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