La operación de la central termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno quedó sujeta a revisión judicial luego de que un juez federal ordenara suspensiones provisionales y definitivas ante señalamientos de daños ambientales y a la salud en comunidades de la región costera de Colima.
La resolución deriva de un juicio de amparo promovido por habitantes y cooperativas pesqueras, quienes acusan a la Comisión Federal de Electricidad y a distintas dependencias federales de permitir la continuidad de actividades contaminantes en una planta con más de 40 años de antigüedad.
En el expediente, los quejosos argumentan que el uso de combustóleo en la generación eléctrica se intensificó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo que, aseguran, contraviene compromisos internacionales y disposiciones de la Ley de Transición Energética orientadas a reducir emisiones y fomentar energías limpias.
El juez tercero de distrito en el estado concedió las suspensiones al considerar que existen elementos suficientes para ordenar a las autoridades revisar si la termoeléctrica cumple con la normatividad ambiental y, en caso contrario, aplicar medidas que eviten la continuidad de los presuntos daños.
Entre las instancias señaladas como responsables figuran la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, a quienes se les atribuye omisiones en la supervisión de los impactos ambientales generados por la planta.
La demanda también subraya que desde 2011 la legislación obliga a considerar los costos ambientales y sanitarios en la evaluación de la generación eléctrica, un criterio que, según los promoventes, no ha sido aplicado de manera efectiva en este caso.
Incluso, el juzgado interpretó como posible desacato el incumplimiento reiterado de la suspensión provisional por parte de la Profepa, por lo que dio vista al Ministerio Público de la Federación para iniciar una investigación, cuyo resultado no ha sido informado públicamente hasta ahora.
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