Una jueza federal dictó la absolución de Daniel Arizmendi López en una de las causas penales por secuestro que se seguían en su contra por lo que tras la determinación ordenó su libertad inmediata únicamente por ese expediente; sin embargo, el interno permanecerá recluido al enfrentar otras sentencias que continúan vigentes.
La resolución fue emitida por la jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.
En su análisis, la juzgadora concluyó que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República no acreditaron de manera suficiente la responsabilidad penal de Arizmendi en el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro.
El expediente correspondía a hechos ocurridos en 1997, en los que una víctima fue privada de la libertad.
Durante el proceso se consideró el señalamiento realizado por un familiar, quien identificó a Arizmendi tras su detención en 1998 mediante entrevistas difundidas en medios de comunicación.
La jueza determinó que dicha identificación no cumplía con los requisitos legales para establecer su participación directa.
La sentencia destacó la aplicación del principio de presunción de inocencia, el cual establece que la carga de la prueba corresponde a la autoridad acusadora. En este caso, no se acreditaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para sustentar una responsabilidad penal plena, por lo que no fue posible emitir una condena en este proceso específico.
Aunque fue absuelto del delito de secuestro en esta causa, Arizmendi López fue considerado responsable del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por el cual se le impuso una pena de ocho años de prisión y una multa económica. No obstante, al haber permanecido 27 años en prisión, la autoridad judicial dio por cumplida dicha sanción.
La situación jurídica de Arizmendi se mantiene sin cambios en cuanto a su reclusión. El sistema penitenciario federal confirmó que continuará interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 14, en el estado de Durango, debido a otros procesos y condenas que siguen en curso.
En días recientes, también se informó que un tribunal federal concedió un amparo a su pareja sentimental, al considerar irregularidades en el fuero que conoció de su caso.
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