La protección otorgada a la expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, será nuevamente revisada a nivel federal luego de que la diputada Patricia Mercado presentara una iniciativa para que se restituyan las medidas que, señala, han sido reducidas al mínimo pese al historial de agresiones que enfrenta.
El documento, turnado para votación en la Cámara de Diputados, solicita que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana garanticen un esquema de resguardo adecuado para Martínez, quien se encuentra registrada como víctima tanto a nivel estatal como nacional.
Mercado expone que el caso no es aislado y forma parte del clima de violencia que atraviesan figuras del servicio público en México. Cifras de ACLED contabilizan 324 agresiones contra funcionarios en 2024 —entre homicidios, ataques armados y secuestros— incremento del 29 por ciento respecto al año previo.
En el texto se subraya, además, que Colima permanece entre las zonas más peligrosas del país, con eventos de alto impacto que han dejado asesinatos de regidores, integrantes del Poder Judicial y funcionarios municipales en poco más de un año, sin dejar de lado episodios anteriores como el homicidio de la diputada local Anel Bueno en 2020.
El caso de Martínez incluye dos atentados registrados en 2019 y 2022, vinculados según la legisladora con el descontento de grupos criminales por acciones anticorrupción realizadas durante su administración. Esos hechos motivaron que se asignara resguardo federal, el cual ahora habría quedado limitado a dos agentes municipales con capacidades restringidas.
La propuesta legislativa plantea que la FGR ordene el restablecimiento pleno de las medidas de seguridad y que la SSPC disponga de recursos materiales y humanos suficientes para brindar protección efectiva a la exalcaldesa. El exhorto será discutido en próximos días.
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