El Congreso de Colima aprobó el calendario de comparecencias para la glosa del informe gubernamental, sin incluir al secretario de Seguridad Pública ni al fiscal general, aun cuando la entidad enfrenta una escalada de violencia y ambos funcionarios encabezan áreas clave para atenderla. La decisión avanzó en una sesión marcada por reclamos de distintos grupos parlamentarios, que exigían una revisión más amplia del desempeño institucional.
En el debate se reiteró que la situación de seguridad en municipios como Tecomán y Manzanillo demanda supervisión directa de quienes coordinan la estrategia estatal. Legisladores de oposición señalaron que la ausencia de ambos titulares complica el análisis de resultados y limita la posibilidad de identificar fallas en la actuación institucional.
Aunque tanto el PRI como el PAN cuestionaron la exclusión de los funcionarios de seguridad, ambas bancadas terminaron respaldando el calendario legislativo. La priista Betzaida Pinzón Carreto advirtió que dejar fuera a los encargados del sector limita la evaluación de la respuesta institucional ante la violencia.
Por parte del PAN, Alberto Partida Valencia, calificó la medida como injustificada, pero aun así su grupo parlamentario acompañó la aprobación pese a considerar necesario un diálogo más amplio sobre la inseguridad que enfrenta la población colimense.
Desde la mayoría de Morena se sostuvo que las comparecencias deben enfocarse en temas administrativos y de gestión pública, bajo el argumento de que existen otros espacios para abordar la estrategia de seguridad. No obstante, la bancada no detalló qué mecanismos alternos pretende utilizar ni cómo se garantizará la rendición de cuentas sobre el área más sensible para la ciudadanía.
Con el calendario ya aprobado, las dependencias citadas deberán presentarse ante comisiones en las próximas semanas para exponer avances y responder cuestionamientos. Pese a ello, la falta de participación de los responsables de seguridad mantiene abierta la discusión sobre la transparencia del gobierno estatal y la necesidad de un escrutinio más riguroso en medio del repunte de violencia en Colima.
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