La Fiscalía General de Colima se encuentra en la fase final de equipamiento de su laboratorio genético, proyecto que busca fortalecer la investigación de delitos y la identificación de víctimas. Aún sin iniciar operaciones, el laboratorio genera expectativas sobre su capacidad para atender la crisis de desapariciones en el estado.
Colima registra, hasta la fecha, el hallazgo de 308 fosas clandestinas. Colectivos de familiares de víctimas han reprochado la lentitud en la identificación de los restos encontrados y la falta de información transparente sobre los avances, cuestionando si la infraestructura recién equipada logrará resolver estos casos históricos.
El proyecto surgió tras la inversión inicial en un panteón forense y pretende que la Fiscalía realice pruebas de ADN directamente, reduciendo la dependencia de laboratorios privados. No obstante, algunas personas siguen buscando segundas opiniones fuera del estado, lo que evidencia que la autonomía del laboratorio aún no está asegurada.
Expertos en genética forense señalan que la eficacia del laboratorio dependerá no solo del equipamiento, sino también de la capacitación del personal, los protocolos de manejo de evidencias y la supervisión externa. Hasta ahora, la Fiscalía no ha precisado fechas de operación ni los criterios para priorizar los casos más urgentes.
Se han establecido convenios con laboratorios privados para abaratar costos y ampliar el acceso a pruebas genéticas, lo que refleja que la dependencia externa todavía persiste. Esto genera dudas sobre si la instalación estatal podrá cubrir de manera autónoma la alta demanda de identificaciones pendientes.
Mientras tanto, la expectativa ciudadana se centra en cómo este laboratorio impactará en la resolución de delitos graves y en la confianza hacia la Fiscalía. Para colectivos y especialistas, su puesta en marcha será un indicador clave de si la inversión representa un avance real en justicia o se queda en un proyecto simbólico.
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