Colima inicia la revisión de su Ley de Cambio Climático de 2014, pero expertos advierten que las estrategias planteadas hasta ahora parecen más discursivas que efectivas. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva presentó el proceso participativo respaldado por el Reino Unido y POLEA, destacando la vulnerabilidad del estado ante huracanes, sequías y fenómenos meteorológicos extremos.
Especialistas señalan que declarar la necesidad de resiliencia y actualizar leyes no basta si no se traduce en acciones concretas para proteger a la población y la infraestructura crítica, como el puerto de Manzanillo, que enfrenta amenazas directas por el aumento del nivel del mar y tormentas cada vez más impredecibles.
El director de POLEA, Andrés Ávila, advirtió sobre la injusticia intergeneracional del cambio climático: las nuevas generaciones sufrirán las consecuencias de decisiones actuales. Sin embargo, críticos sostienen que la inclusión de enfoques de justicia climática y participación social sigue siendo retórica, y que el seguimiento y cumplimiento de la ley será el verdadero desafío.
El evento reunió a legisladores, presidentes municipales y representantes de la sociedad civil, pero analistas cuestionan si la presencia de funcionarios garantiza medidas reales o solo sirve para exhibir compromiso mediático. La firma del memorándum con el Reino Unido y POLEA se suma a esfuerzos similares de otros 17 estados, aunque en la práctica estos acuerdos no siempre se traducen en cambios tangibles.
Con el aumento de fenómenos extremos y la ubicación geográfica de Colima, la población sigue expuesta. Expertos critican que, hasta ahora, las iniciativas del gobierno se centran en discursos y procesos participativos, sin demostrar cómo se mitigarán los riesgos inmediatos ni cómo se protegerán los grupos más vulnerables.
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