Con apenas un 10 por ciento de participación ciudadana, la jornada electoral extraordinaria del Poder Judicial celebrada el pasado 1 de junio en Colima reflejó un preocupante desinterés social hacia el proceso de designación de jueces y magistrados, según datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE).
De los 593,258 ciudadanos que integran la Lista Nominal de Electores en la entidad, poco más de 59 mil acudieron a las urnas, dejando al descubierto un abstencionismo cercano al 90 por ciento, uno de los más altos registrados en la elección judicial a nivel nacional.
En Colima, los comicios incluyeron la elección de 10 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 5 del Tribunal de Disciplina Judicial y 31 jueces, para un total de 46 cargos en disputa, entre 82 candidatas y candidatos. A pesar de su relevancia institucional, el proceso no logró despertar el interés de la mayoría de los votantes.
El bajo nivel de participación no fue exclusivo de Colima. Otras entidades como Guanajuato (6.6%), Jalisco (6.8%), Baja California (8.4%), Sonora (8.5%), y Querétaro (9%), también registraron afluencias mínimas. En contraste, San Luis Potosí (19.1%), Veracruz (18.3%) y Guerrero (17.7%) encabezaron los estados con mayor involucramiento ciudadano.
Aunque los porcentajes aún son preliminares, el avance del conteo muestra una tendencia generalizada de apatía hacia este proceso inédito, el primero de su tipo en la historia democrática del país, en el que los ciudadanos votaron de forma directa por integrantes del Poder Judicial.
Expertos y organizaciones cívicas ya han advertido que la falta de información, la escasa difusión institucional y la confusión sobre los perfiles y funciones de los aspirantes influyeron notablemente en el bajo nivel de participación.
Colima, junto con Michoacán, Chiapas, Baja California Sur y Sinaloa, quedó entre las entidades con menor involucramiento, a pesar del esfuerzo organizativo detrás del proceso.
La baja participación deja abiertas preguntas sobre la efectividad de los mecanismos actuales de promoción del voto, especialmente en elecciones poco comunes como esta, y plantea el reto de fortalecer la cultura democrática en torno a la justicia y los derechos civiles.
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