A pesar de que el 94% de los elementos de las corporaciones municipales de seguridad en Colima aprobaron los controles de confianza aplicados en 2024, la percepción ciudadana sigue marcada por la desconfianza y el temor, especialmente hacia la Policía Municipal de la capital del estado.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, el 63% de los habitantes de Colima califican negativamente a su policía municipal, posicionándola como una de las instituciones de seguridad con mayor nivel de desconfianza entre la ciudadanía. Esta percepción se agrava debido a antecedentes de abuso policial y violaciones a derechos humanos, los cuales evidencian la necesidad urgente de mayor capacitación y profesionalización dentro de la corporación.
El contexto de inseguridad no ayuda a mejorar esa imagen. La zona conurbada Colima–Villa de Álvarez ocupa el segundo lugar en el Ranking 2024 de las 50 ciudades más violentas del mundo, con una tasa de 126.95 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que ha generado una presión constante sobre las autoridades municipales.
Uno de los retos más significativos para enfrentar la violencia es la falta de coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, reconoció el presidente municipal de Colima, Riult Rivera, quien aseguró que su administración impulsa una estrategia de seguridad con enfoque social, aunque admite que su implementación requiere colaboración estrecha con las instancias estatal y federal.
“Tenemos claro que la estrategia no puede funcionar sola. La coordinación con el estado y la federación es fundamental, y aunque no es una tarea fácil, estamos comprometidos en fortalecer los mecanismos de acción conjunta”, afirmó.
En el municipio de Colima, los delitos más comunes continúan siendo robo, asalto y violencia intrafamiliar, lo que refuerza la necesidad de una presencia policial más confiable y preparada, tanto en términos operativos como de sensibilidad social.
La contradicción entre los buenos resultados en evaluaciones internas y la percepción negativa por parte de la población plantea un desafío complejo: reconstruir la confianza pública con acciones tangibles, transparencia y una transformación profunda en el trato hacia los ciudadanos.
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