Por primera vez en su historia, los pueblos originarios de Suchitlán y Zacualpan, en el estado de Colima, ejercerán de manera directa más de 2 millones 600 mil pesos en recursos federales destinados a obras de infraestructura social. Este ejercicio de autogestión, respaldado por la Constitución y promovido por el gobierno federal, les permite definir y administrar proyectos que respondan a sus propias necesidades.
A través de Asambleas Comunitarias celebradas los días 12 y 13 de abril, los habitantes de ambas localidades determinaron las obras prioritarias a ejecutar y eligieron a los integrantes de los Comités de Administración y de Vigilancia, responsables de manejar y supervisar los fondos.
La delegada estatal de Programas para el Bienestar, Rosario Silva Verduzco, explicó que este modelo se enmarca en el artículo 2º de la Constitución, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con patrimonio propio. Destacó que se trata de un cambio profundo hacia una mayor autonomía comunitaria y justicia social.
De acuerdo con lo aprobado en las asambleas, Suchitlán destinará sus 966 mil 180 pesos a mejorar el acceso al agua potable, mientras que Zacualpan invertirá 1 millón 677 mil 934 pesos en infraestructura básica para el sector educativo.
Silva Verduzco subrayó que este esquema no solo entrega presupuesto a las comunidades, sino que les otorga el control total para ejercerlo de acuerdo con sus prioridades. Los fondos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) están destinados exclusivamente a proyectos de impacto como drenaje, letrinas, electrificación, salud, educación, urbanización y mejoramiento de vivienda.
Finalmente, la funcionaria celebró el avance que representa esta nueva forma de relación entre el Estado y los pueblos originarios: “Nadie mejor que las propias comunidades conoce lo que realmente necesita. Este es un paso firme hacia una justicia social más equitativa y participativa”.
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