Tras la entrada en vigor de la ley que prohíbe la venta de comida chatarra en escuelas públicas y privadas de México, al menos 14 empresas, cámaras empresariales y organizaciones de pequeños comerciantes han interpuesto amparos en Colima y otros estados del país.
Los promoventes de estos recursos legales argumentan que la nueva regulación podría afectar el libre desarrollo de la personalidad, además de representar una posible violación a la libertad de trabajo y comercio.
Entre las organizaciones que han solicitado amparos se encuentra la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que agrupa a comercios colimenses y cuyo recurso (Amparo Indirecto 2047/2024) fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Asimismo, la empresa Bebiendo, S.A. de C.V., una embotelladora en Colima, presentó el Amparo Indirecto 1512/2024 en el Juzgado Tercero de Distrito en el estado, mientras que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, que representa a restaurantes colimenses, promovió el Amparo Indirecto 2116/2024 ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Al igual que Colima, en los estados de Jalisco, Michoacán, Yucatán y Baja California los empresarios y comerciantes han recurrido a los amparos, en la lucha por volver a ofertar sus productos en las tiendas escolares.
Los recursos legales buscan suspender o modificar los lineamientos establecidos en la reforma a la Ley General de Educación, la cual prohíbe la venta, distribución y publicidad de productos ultraprocesados dentro y fuera de las escuelas.
La normativa también establece la obligación de priorizar la provisión de agua potable y alimentos naturales, de preferencia provenientes de la agricultura campesina local, además de requerir la vigilancia de su cumplimiento con el apoyo de la comunidad escolar.
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