El vicepresidente electo, JD Vance, y otros miembros del gabinete han anunciado la intención de deportar a un millón de personas en el primer año de mandato. Esta cifra representa 2 mil 739 deportaciones diarias, lo que requeriría la movilización constante de recursos humanos y materiales, así como la colaboración de diversas instituciones.
Stephen Miller, nominado como jefe de política, estima que el objetivo final es deportar a 11 millones de personas. Sin embargo, esta ambiciosa meta enfrenta múltiples desafíos. Actualmente, las cortes de inmigración tienen un retraso de 4 millones de casos, lo que implica una espera mínima de mil días para cada nuevo proceso.
Además, el costo de mantener detenidos a los migrantes oscila entre 390 y 500 dólares diarios por persona, sin garantía de deportación inmediata.
Los sectores agrícolas y de construcción ya han manifestado su preocupación. La agroindustria de California y las empresas constructoras de Texas, que fueron clave en la victoria de Trump, han solicitado la exclusión de sus trabajadores indocumentados de las deportaciones para evitar el colapso de sus operaciones. Los indocumentados representan el 10% de la fuerza laboral en EE. UU. y aportan alrededor de 100 mil millones de dólares en impuestos, contribuyendo a programas sociales que no pueden aprovechar.
Adicionalmente, al menos 14 países han mostrado resistencia a recibir migrantes deportados desde Estados Unidos, lo que añade complejidad al proceso. Las medidas anunciadas incluyen la construcción de nuevos centros de detención temporales con capacidad ampliada, pero no se han detallado los pasos concretos para superar las barreras legales.
John Sandweg, exfuncionario de Migración durante el gobierno de Obama, considera que el plan es difícil de ejecutar. Según Sandweg, el reto no solo es localizar y detener a los migrantes, sino también superar los obstáculos legales y logísticos.
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