La comunidad transgénero en Perú se encuentra en estado de alerta tras la emisión de un controvertido decreto por parte del Ministerio de Salud. Emitido el 10 de mayo, el decreto supremo N° 009-2024-SA ha desatado una ola de críticas al considerar la identidad trans como una enfermedad mental.
La medida, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, forma parte de una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). Este documento, que detalla las condiciones y servicios de salud financiados para todos los asegurados en Perú, ha generado preocupación al incorporar la identidad trans en la categoría de trastornos mentales y del comportamiento.
La inclusión de términos como «transexualismo» y «trastorno de la identidad de género en la niñez» ha provocado una fuerte reacción en la comunidad transgénero y en organizaciones de derechos humanos. Según Leyla Huerta, presidenta de Féminas Perú, esta medida busca estigmatizar a las personas trans y negarles derechos fundamentales como la ciudadanía, el cambio de nombre y el acceso al trabajo.
El Ministerio de Salud defendió la medida señalando que es la manera legal de otorgarles tratamiento psicológico gratuito.
La polémica desencadenada ha llevado a diversas organizaciones LGBTI+ a manifestarse en redes sociales. Aunque el Ministerio de Salud ha respondido con un comunicado, Manuel Siccha, abogada y activista LGBT, insta al Congreso de la República a tomar medidas concretas para proteger los derechos de esta comunidad.
Entre las acciones propuestas se encuentra la derogación del decreto y la actualización del Sistema Nacional de Salud conforme a la CIE-11. Estas propuestas van acompañadas de movilizaciones en las calles y del respaldo de profesionales de la salud mental y representantes de asociaciones LGBTIQ+.
A pesar de que algunos especialistas de la salud consideran que el decreto beneficiará a la comunidad trans al garantizar tratamiento hormonal gratuito, críticos argumentan que esto podría obstaculizar los procesos judiciales de cambio de identidad y exponer a las personas trans a discriminación en el ámbito laboral y médico.
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